¿Qué medio consultas para enterarte de las decisiones tomadas (o por discutirse) en la Suprema Corte?

¿Crees que hacen falta medios para cubrir el trabajo que realiza la Corte?

viernes, 26 de agosto de 2016

El calcetín de Locke

Comparto un texto mío, escrito en 2008*:



La dictadura del "Poder Constituyente Permanente" en México
Existe la leyenda de que el pensador y filósofo inglés, John Locke, propuso la paradoja del calcetín: Si yo tengo que remendar mi calcetín, ¿sigue siendo el mismo que el original? más aún, si el calcetín ha sido remendado más de una vez y todo su material reemplazado por uno nuevo ¿es posible decir que sigue siendo el calcetín original? o ¿se trata de un calcetín nuevo?
No sé si Locke efectivamente discurrió sobre la originalidad de sus calcetines, pero sí sé que ésta historia me recuerda a la Constitución Mexicana.
El artículo 135 de la Constitución establece el procedimiento para reformarla, siendo éste un procedimiento más complicado que aquél diseñado para crear leyes ordinarias, se entiende que México posee una Constitución rígida. El procedimiento establecido en el 135 requiere de mayorías cualificadas en ambas Cámaras del Congreso y además la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, en cada Cámara deben aprobar la iniciativa 2/3 de los legisladores presentes y al menos 16 Legislaturas Locales.
Al conjunto de órganos y mayorías se le conoce en la teoría de la constitución como Poder Constituyente Permanente, también poder revisor, derivado o instituido. Creo que lo correcto es llamarlo poder u órgano reformador de la constitución, me parece contradictorio llamarlo constituyente permanente pues el constituyente constituye y desaparece y el reformador es un poder constituido (limitado por la propia Constitución).
El término de Constitución normativa es relativamente nuevo para el constitucionalismo de la Europa continental y de América Latina. Antes de la Segunda Guerra Mundial, una Constitución era más bien entendida como un pacto político, y no como una norma jurídica superior a la cual deben sujetarse todas las inferiores y cuya rigidez en el procedimiento de su reforma, obedece a razones de eficacia y normatividad (aceptación de observarla).
En el periodo de reconstrucción europeo y después en las olas democráticas (Huntington) se fueron estableciendo constituciones normativas, es decir, constituciones obligatorias como cualquier otra norma jurídica y además superiores. Así, las constituciones alemana o española establecen la vinculación de los poderes a sus normas.
Para poder garantizar la constitucionalidad de todo el sistema jurídico, es decir, de todas las normas jurídicas inferiores a la Constitución (leyes, reglamentos, normas, sentencias) se crea un tribunal especializado en revisar la no contradicción entre la norma inferior y la norma superior. Éste tribunal diseñado por el jurista vienés Hans Kelsen, recibe el nombre de Tribunal Constitucional, y fue instaurado desde la década de los veinte en Austria y en la época de posguerra y en las olas de democratización siguientes, en casi todos los países de la Europa Continental -Alemania, Italia, España, por mencionar algunos--.




En 1787 se adopta la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece un sistema de revisión de la constitucionalidad de tipo difuso, en oposición al concentrado del Tribunal Constitucional. Es decir, todos los jueces deben revisar la constitucionalidad de las leyes que aplican. En 1803 el juez John Marshall en la decisión Marbury v. Madison, estableció la doctrina de la revisión judicial o judicial review, es decir, según el Chief Justice, la Suprema Corte tiene la facultad para examinar la legislación y otros actos del Congreso y decidir si son o no compatibles con la Constitución y en caso de no serlo, echarlos del sistema. Ésta decisión dio a la Constitución de los Estados Unidos normatividad y se convirtió en un principio no escrito de la Constitución norteamericana. Desde el siglo XIX en los Estados Unidos, el Congreso no puede emitir leyes o actos contrarios a la Constitución, tienen pues, una Constitución normativa.
México estableció en su narrativa una normatividad ambigua, pues nuestro constitucionalismo fue influenciado por el español y por el norteamericano, de manera que a lo largo de casi doscientos años, se ha conformado como una mezcla de ambos sistemas, prevaleciendo el estadounidense en las normas relativas a la federación y a la constitucionalidad del orden jurídico. Así, en la Constitución vigente, por ejemplo, el artículo 133 que es en su redacción, idéntico al artículo VI segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos, establece la jerarquía del orden jurídico, colocando en la cúspide a la Constitución y faculta a todos los jueces a cuidar la constitucionalidad del sistema jurídico. Esto, en combinación con el 135 sobre el procedimiento de reforma, disponen que nuestra Constitución tenía la vocación de ser normativa y de que los actos del Congreso debían ser revisados por nuestra Suprema Corte. En cierta medida, así fue.

Durante la gran reforma judicial de los noventa, se reforzaron las facultades para revisar la constitucionalidad de las leyes y los actos del Congreso, mediante la acción de inconstitucionalidad y el control de la división de poderes y el apego a las normas por parte de los órganos constitucionales, mediante el control de constitucionalidad. Ambos medios se unieron al ya centenario juicio de amparo, es decir, el juicio de garantías mediante el cual se restituyen los derechos violentados por la autoridad de cualquier individuo. De ésta forma encontramos en la Suprema Corte mexicana una especie de Tribunal Constitucional, es decir, un Tribunal diseñado para revisar y controlar que la autoridad actúe siempre conforme a la Constitución, que sus facultades sean conforme a la Constitución y que los actos que realice (leyes, decretos, reglamentos, sentencias, normas, etc.) sean siempre conforme a la Constitución.
Es una garantía para nuestros derechos y libertades, así como para la democracia, el hecho de que los órganos constitucionales deban actuar exclusivamente conforme a las facultades concedidas en la Constitución. Por eso la teoría de la constitución distingue entre Poderes Constituidos y Poder Constituyente.

El calcetín original: La Constitución liberal de 1857



Venustiano Carranza, entonces Presidente Constitucional revolucionario, presentó ante el Congreso un proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que fue superado en sus expectativas iniciales. En realidad el Congreso reunido en Querétaro en 1916 no tenía la misión de darnos una nueva Carta, sino de revisar la Carta liberal de 1857 e introducir las demandas revolucionarias. Las importantes reformas políticas, sociales y económicas que complementaron a la Constitución de 1857 dieron como resultado la Carta Fundamental bajo la que hoy el Estado mexicano se organiza: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La vocación de la Constitución de 1857 era la de una constitución liberal, es decir, una constitución política que reconoce la soberanía en el pueblo, que otorga libertades a los individuos y que establece la división de poderes. Con la revolución mexicana se suspendió la vigencia de ésta Constitución y en 1913 se anunciaría el Plan de Guadalupe y el nombramiento como Primer Jefe del Ejército, que se denominaría Constitucionalista, a Venustiano Carranza. El Ejército Constitucionalista buscaba la restitución de la Constitución de 1857, pero más tarde se dieron cuenta de que ésta no estaba ya a la altura de las exigencias revolucionarias.
Al verse modificada por los reclamos sociales y políticos de la Revolución, la Constitución de 1857 se transformó en una nueva promulgada el 5 de febrero de 1917, que tiene el honor de ser la primera Constitución social del mundo, después le seguiría la Rusa en 1918 y la de Weimar en 1919.
Se dice que nuestra Constitución nació con un déficit de legitimidad, pues en realidad el Congreso no había sido electo para darnos una nueva Constitución, sino para reformar la vigente. Sería como si hoy se hiciera uso del 135, pero al final del día se promulgara la Constitución de 2008. Es decir, el Poder Revisor regulado en el artículo 135 estaría excediéndose de sus facultades convirtiéndose en una Asamblea Constituyente.
Si bien es cierto, la ruptura constitucional es un hecho innegable, la necesidad del pueblo de darse una nueva Constitución, de exigir un nuevo orden normativo y la creación de nuevas instituciones de gobierno, es un derecho que a lo largo de dos siglos ha venido ejerciendo el pueblo de México y que ha dibujado la historia constitucional de nuestro país como un mapa de luchas por la democracia y por el Estado de Derecho. Pero habrá también que aceptar que las más de 500 reformas que nuestra Ley Fundamental ha sufrido, han llevado a desvirtuar a la Norma y a comprenderla como un "Programa de Gobierno", más que como la Norma Fundamental del Estado mexicano.
El problema del constitucionalismo mexicano del siglo XX se encontró en el fuerte presidencialismo –de hecho y de Derecho-, pues al no existir una verdadera división de poderes, el control constitucional de interpretación y producción de normas subconstitucionales, así como el de reforma, recayó en el Ejecutivo, de manera que se le concedió un enorme poder político al adecuar e interpretar la Constitución con ánimo legitimador. El Ejecutivo rompió el vínculo de supremacía y normatividad constitucional al no respetarlo y no tener límites para su adaptación, por ello durante varios años gozó de un enorme poder político en el orden jurídico-constitucional. La producción de normas, la aplicación y la interpretación, fueron controlados por un Presidencialismo fuerte que controló a los Poderes Legislativo y Judicial, haciendo de la Constitución una norma ordinaria que podía ser cambiada y transformada dependiendo de las circunstancias.
Hoy, a varios años de distancia del gobierno concentrado del PRI y de la supremacía del Ejecutivo por encima de la Constitución, en lugar de avanzar hacia un constitucionalismo normativo y democrático, hemos cambiado de amo, ahora, somos vasallos del Poder Revisor.

La tiranía del Constituyente Permanente mexicano
Arriba ya hablábamos sobre la diferencia entre los poderes constituidos y el Poder Constituyente. El Abate E. J. Sieyès en su obra Qué es el Tercer Estado, describió al Pouvoir constituant al cual atribuía el ser un poder originario y único, que no puede encontrar fundamento fuera de sí. Además de ser un poder incondicionado, es decir, que no posee límites formales o materiales. El propio Sieyès distinguió entre los poderes constituidos y el Constituyente, los primeros dependen de la Constitución "pues en cada parte es la Constitución la obra del Poder Constituyente y no de los poderes Constituidos". Los poderes constituidos son aquellos que fueron creados por la Constitución, es decir, su existencia y su acción depende de ella, no pueden más de lo que las normas constitucionales les faculten, ni tampoco pueden menos. En cambio, el Poder Constituyente es el pueblo mismo organizado y lo puede todo. Los poderes constituidos están basados en la legalidad (constitucionalidad) de sus actos, en cambio el Poder Constituyente está basado en la legitimidad política de su actuación, no tiene basamento legal pues éste crea la legalidad. Es el principio del Derecho.
Evidentemente, en los estados-nación que tienen años de existencia, y constituciones con cierta antiguedad, no se puede hablar ya de una Asamblea Constituyente fundadora, en el caso de que el pueblo quiera darse una nueva Constitución. Pensemos en el tiempo en los Padres Fundadores de los Estados Unidos que se daban por primera vez un Gobierno Federal (además lo diseñaron de acuerdo con sus necesidades e ideales) o pensemos en una Alemania en reconstrucción en dónde los padres y madres fundadores deseaban empezar desde cero. O en la actualidad, pensemos en Kosovo, en Iraq o en las ex-repúblicas soviéticas. México tiene una historia constitucional casi bicentenaria de manera que, en caso de que quisiéramos darnos una nueva Carta, hoy ya no sería posible hablar de una Asamblea fundadora.
Desde 1789 se establecieron los requisitos para tener una Constitución en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: establecer la división de poderes y garantizar los derechos humanos. De manera que desde entonces existen límites materiales a éste Poder Constituyente, hoy en día además, la comunidad internacional vigila que las asambleas sean democráticas, pensemos en el caso de la Bolivia de Evo Morales, en dónde se exige por parte de la comunidad internacional que la nueva Constitución sea votada por mayorías cualificadas en la Asamblea y que además sea aceptada por una mayoría de los ciudadanos bolivianos. De manera que hoy en día el Pouvoir constituant sí tiene límites materiales y formales.
Los poderes constituidos clásicos son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y junto a ellos colocamos al Poder Revisor, pues su existencia y sus facultades están establecidas en el artículo 135, es decir, a diferencia del Pouvoir constituant, los constituidos, incluido el revisor, están sujetos directamente a la Constitución.
El ejemplo de longevidad de la Constitución norteamericana se basa en el uso moderado y astuto las garantías de permanencia que las constituciones se dan para irse adecuando a las circunstancias: la interpretación y la reforma. La interpretación es la garantía ordinaria, es decir, el legislador cada vez que crea una norma debe interpretar la Constitución, así mismo el Ejecutivo y el juez, más aún los ministros de la Suprema Corte. La reforma es la garantía extraordinaria, es decir, es la garantía que se acciona cuando a partir de la interpretación no es posible adecuar la Constitución a la realidad. La Constitución de los Estados Unidos ha sufrido 27 enmiendas o reformas, las primeras diez fueron realizadas, todas, en 1791 y comprenden la Carta de Derechos.
En cambio, en México, el legislador prefiere modificar la Constitución en lugar de buscar soluciones conforme al texto vigente, en lugar de interpretarla, prefiere tomar la vía fácil y reformarla abusando de ésta garantía de permanencia y burlando la normatividad de la Constitución. La tiranía del Poder Revisor se concreta en el nombre que los mismos legisladores dan a ésta facultad extraordinaria: Poder Constituyente Permanente. En la Ciencia Jurídica, las palabras son fundamentales, son su herramienta de trabajo, cuando usamos la palabra Constituyente permanente, estamos burlando al tiempo, estamos burlando los principios básicos de una Constitución normativa, pues estamos diciendo que no hay una diferencia entre el Constituyente original, y los poderes constituidos. Quiere decir que el Estado mexicano no vive en el mundo de la legalidad, sino que vive en el mundo de la política y que los órganos constitucionales lo pueden todo.
A propósito de la llamada Ley Indígena, que en realidad se trató de una reforma constitucional al artículo 2, la Suprema Corte resolvió que no tiene la facultad de revisar la constitucionalidad material de las reformas constitucionales, porque el Poder Revisor no tiene límites, más que la formalidad del procedimiento. Esto quiere decir, que de acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional, es decir, nuestro último garante de la constitucionalidad del orden jurídico, ha decidido que el Poder Revisor no tiene límites materiales, lo puede todo y en consecuencia, confirma el absurdo de que exista un Poder Constituyente Permanente o lo que sería igual a decir, que existe la posibilidad de que 2/3 de los legisladores de cada Cámara federal y la mitad de las legislaturas de los estados se abstraigan de su naturaleza constituída para reformar la Constitución como mejor les parezca y lo peor, las veces que quieran.
La abstracción a medias de la constitucionalidad del Poder Revisor, es decir, solamente respecto del contenido de las reformas constitucionales, es un error interpretativo de nuestra Corte y un peligro para la normatividad de nuestra Norma Superior. Pues en primer lugar, el mismo 135 establece "Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma..." lo que en un afán de conservación, debe interpretarse que existen límites implícitos al poder Revisor, tales como los derechos fundamentales, la división de poderes, la soberanía popular, el federalismo, el presidencialismo, la supremacía constitucional, por tan sólo mencionar los más importantes. En segundo lugar, nuestra Constitución no prevé al referéndum para reformas constitucionales, de manera que estamos sujetos a la dictadura del Poder Revisor, pues si no existen límites materiales y no existe un requisito mínimo de participación democrática directa, los legisladores federales y locales pueden hacer lo que quieran con la Constitución, aún y cuando su misma existencia dependa de ella.
La realidad política envuelve a la constitucional y nuestros gobernantes prefieren modificar los obstáculos en lugar de brincarlos. Le dan la vuelta a las vallas pues. Los estados con un constitucionalismo arraigado brincan las vallas: interpretan las normas de la Constitución, legislan y si alguien ve una contradicción con la Constitución (en cualquiera de las modalidades previstas: acción de inconstitucionalidad, controversia y amparo) se hace uso de la facultad de revisión. La Constitución mexicana ha sufrido alrededor de 450 reformas, esto no es prueba de un constitucionalismo normativo arraigado, al contrario, es prueba de que no entendemos para qué sirve la Constitución y la seguimos viendo como un pacto político, pues su aprobación requiere el consenso de mayorías federales y locales. Seguimos viendo cada oportunidad de reforma constitucional como un refrendo político, cuando eso debería formar parte de otro tipo de procedimientos.
El hecho de que exista una norma de normas, quiere decir que en teoría todos los principios básicos del sistema político-jurídico están ahí contenidos, por eso, y para no atar a las generaciones futuras, es que las Constituciones intentan ser lo más abstractas y generales posibles, para que el legislador tenga un espacio de maniobra política y pueda legislar de manera democrática. Si cada vez que el legislador no encuentra en la Constitución de manera textual la respuesta que busca, se instaura en Poder Reformador, ¿qué normatividad puede tener la Constitución? En otros términos, ¿qué seriedad se puede esperar de las reglas del juego si cada vez que jugamos y no me gusta una regla, la cambio?
Los deportes siempre ilustran de manera muy clara el problema de las reglas jurídicas: Supongamos que un barrio quiere organizar un torneo de fútbol, para ello deciden escribir un pequeño reglamento que establezca quiénes serán las autoridades, cómo se elegirán, cómo se formarán los equipos, cuáles son las reglas del juego, quiénes resolverán en caso de disputa sobre la interpretación de esas reglas. Ya que está el reglamento acordado por todos, se nombran las autoridades, se forman los equipos y comienza el torneo. En el primer partido uno de los equipos decide que no está de acuerdo con la regla de fuera de lugar y en lugar de esperar a que se cometa un fuera de lugar en una jugada y se discuta con el árbitro y el otro equipo, la modifica del reglamento. El cuarto día antes del partido se lastiman dos jugadores de otro equipo, y en lugar de ir a hablar con las autoridades y el otro equipo para solucionar el problema, decide modificar la regla y establecer que en lugar de 11 jugadores, serán ahora 9. En el 7mo día del torneo, el equipo que pierde decide que los perdedores deberán jugar entre ellos para decidir quién es el líder de los perdedores, y entre todos, modifican las reglas. Así sucede durante todo el torneo, el día de la final, el equipo rojo anota 2 goles y el equipo azul 1. Pero resulta que el equipo azul no acepta que ese marcador indica que el equipo rojo ganó, porque no cree que las reglas del torneo sean obligatorias, de manera que toma el trofeo y se lo lleva.
El problema que la Constitución de 1917 enfrenta entrando al siglo XXI es el de su legitimidad y eficacia, ciertamente, la Norma Suprema de nuestro país carece de normatividad pues el sentimiento constitucional mexicano ha sido conducido de una manera equivocada. Nuestros gobernantes consideran que cada gran idea, cada gran pacto y cada gran plan debe tener un lugar en la Constitución. Olvidan que es la norma de normas y no el gran pacto político que alguna vez fué. La Constitución, en sentido contemporáneo, no es ya el pacto político mediante el cual se reúnen las fuerzas políticas, es la norma que funda y que da origen al sistema jurídico y si se modifica cada vez que algo no nos guste o cada vez que no encontremos en su texto la idea, plan o programa que buscamos, estaremos minando su normatividad.
México aspira a ser un estado de leyes y dejar de ser un estado de hombres, pasamos de ser un estado sujeto a los deseos del Presidente en turno para pasar a ser un estado sujeto a los deseos del Constituyente Permanente. Quitémosle la permanencia al Constituyente, honremos a nuestros padres fundadores y miremos hacia adelante.
El Gobierno mexicano necesita atenerse a las reglas del juego, aprender a jugar. Los juegos de la democracia constitucional requieren respeto a la ley y al pluralismo, requieren dar a cada actor su lugar, y nuestra Suprema Corte necesita sentarse unas filas más adelante.
¿Qué futuro le espera a la Constitución de 17? Creo que es indispensable por un lado, un pacto político y por otro lado, una revisión íntegra o mejor- una nueva Constitución-, pero también creo que la eficacia constitucional se encuentra directamente en el sentimiento constitucional de ese Estado, es decir, de sus gobernantes y de su pueblo. La eficacia constitucional no se encuentra creando otra suponiendo su perfección, la comprensión de ese vínculo de supremacía y normatividad que la Constitución crea es el orden constitucional que un pueblo espera, pero mientras ese pueblo no viva en Constitución y sus gobernantes no ejerzan el poder en Constitución, no habrá Constitución perfecta que asegure un Estado Constitucional Democrático. Será, como dijo Lasalle en el siglo XIX "una hoja de papel", tal y como hoy es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Recomiendo este libro: El Valor de la Constitución Normativa de Cecilia Mora-Donatto, en menos de 200 páginas explica de manera muy clara la teoría de la constitución contemporánea.

Derechos Reservados.
* En ocho años algunas opiniones han evolucionado y algunos hechos aquí narrados, han cambiado. 

miércoles, 24 de agosto de 2016

Asuntos Relevantes en Salas 24.08.2016

En la Primera Sala habrá que estar pendientes de:

En rojo marcaré los proyectos que quedaron en lista, fueron retirados o desechados. Si no se comenta nada en rojo, quiere decir que el proyecto fue aprobado. 

Turno 1 Ministro JRC

ADR 6027/2015 en materia mercantil

ADR 1386/2016 en materia penal
Se analiza el principio de legalidad y de exacta aplicación de la ley penal respecto del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, misma que ya revisó la Sala y declaró conforme con la Constitución. Agravios inoperantes.

SoReCo 114/2015 en materia penal (el proyecto no es público)
Se trata de un caso de aborto de una menor de edad en el estado de Hidalgo.
EN LISTA

Turno 2 Ministro AZLL

ADR 1208/2016 en materia mercantil

ADR 5716/2015 en materia penal
"...el Tribunal Colegiado no dio contestación a su concepto de violación en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales." Se revoca la sentencia. "sí es violatorio del derecho a la igualdad procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar el contenido de sus dictámenes y obligando a los de las demás partes del juicio a hacerlo, pues siguiendo la misma línea de razonamiento de la CT-2/2004-PS, si la prueba pericial se forma o se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabore, la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor."

ADR 327/2016 en materia penal
"...el Tribunal Colegiado no dio contestación a su concepto de violación en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales." Se revoca la sentencia. "sí es violatorio del derecho a la igualdad procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar el contenido de sus dictámenes y obligando a los de las demás partes del juicio a hacerlo, pues siguiendo la misma línea de razonamiento de la CT-2/2004-PS, si la prueba pericial se forma o se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabore, la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor."

ADR 6772/2015 en materia fiscal
EN LISTA


Turno 3 Ministro JMPR

ADR 1704/2016 en materia penal (justicia adolescentes)
"...determinar si la detención por caso urgente de la adolescente quejosa, cumplió con los parámetros constitucionales sobre el derecho fundamental que resguarda la libertad personal de los gobernados y establece de manera explícita cuáles son las excepciones para que válidamente pueda ser restringida."
El proyecto repasa los criterios de la Sala sobre detención por caso urgente. Se ponen asteriscos en algunos de los precedentes.
Se confirma la sentencia.

AR 356/2016 en materia penal
Se analiza la constitucionalidad de los artículos 18 y 53, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No ampara.

ADR 2833/2016 en materia penal
"...el Tribunal Colegiado al dar respuesta a los planteamientos formulados en los conceptos de violación en los que se alegó que existió violación al derecho fundamental de defensa adecuada en la vertiente de asistencia técnica de un defensor, profesional en derecho, en las diligencias en que intervenga el imputado, no se ciñó a los criterios existentes sobre ese tópico, emitidos por esta Primera Sala." Revoca la sentencia.
SE RETIRÓ 

Turno 4 Ministro AGOM

ADR 73/2015 en materia penal
"...si (i) asiste razón al recurrente al impugnar la constitucionalidad de los artículos 86 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal, que establecen las condiciones de acceso a los beneficios de sustitución y suspensión de la pena de prisión, respectivamente; y (ii) si el tribunal colegiado omitió realizar un estudio íntegro de las violaciones alegadas al artículo 20 constitucional." 
"Son fundados los agravios hechos valer en contra de las omisiones de estudio relacionadas con (i) el derecho a ser enterado de los derechos que asisten a todo inculpado desde el momento de la detención, (ii) el derecho a contar con defensor en las etapas cruciales de la averiguación previa y (iii) el derecho a la entrevista previa y privada con defensor, lo procedente es revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión."

ADR 5904/2015 en materia familiar **OJO**
A una mujer se le retira la custodia de sus hijos por padecer una enfermedad mental incurable, pero controlable con medicamentos. Derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidad. 
¿hay posibilidad de tomar medidas judiciales provisionales para asegurar el bienestar del menor de acuerdo a su interés superior, en un juicio de guarda y custodia cuando se tienen elementos que alertan que el progenitor quien los tiene bajo su resguardo, padece una enfermedad? 
¿se trasgrede el principio a la no discriminación el determinar que la custodia no podía quedar bajo la responsabilidad de la progenitora al comprobar que padece una enfermedad ********** incurable pero controlable? 
¿hay necesidad de analizar la litis bajo el método de perspectiva de género? 
¿en los amparos cuya litis del juicio natural sea la guarda y custodia, cabe considerar las pruebas y hechos supervenientes para evaluar la legalidad y constitucionalidad de la sentencia reclamada?

"...fundados los agravios de la revisión principal, en un estudio en suplencia de la deficiencia de la queja, y al ser inoperantes e infundados los agravios de la revisión adhesiva, procede revocar la sentencia recurrida a fin de que el Tribunal Colegiado del conocimiento atienda a todos los parámetros y lineamientos constitucionales precisados en esta resolución, los cuales se relacionan con los derechos reconocidos a las personas con discapacidad de acuerdo al marco convencional y constitucional, así como lo relativo al principio del interés superior del menor, el cual constituye una pauta interpretativa en todo asunto en el que se diriman cuestiones que afecten a menores como el presente asunto, aunado a considerar que los tres infantes involucrados tienen reconocido el derecho de que en todo momento sea tomado en cuenta su interés superior como cuestión primordial. "
EN LISTA


AR 1017/2015 en materia de la Ley Orgánica de la PGR
"...si el artículo 86, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República contraviene lo dispuesto en los artículos 1º, 5º 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, al establecer la forma en la que debe determinarse la indemnización prevista en el texto constitucional."
Se revoca la sentencia. no ampara con respecto a la fracción I.

AR 129/2016 en materia del Código Penal del D.F.
Se impugna el tercero transitorio del decreto Decreto por el que se derogaron, adicionaron y reformaron diversas disposiciones del Código Penal y se abrogó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ambos del D.F.
El proyecto concluye que "...el artículo tercero transitorio del Decreto ..., publicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad el trece de septiembre de dos mil trece, es inconstitucional; y, Por otro, que los procesos penales iniciados con fundamento en disposiciones normativas del orden local, así como las sentencias emitidas con base en éstas, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho."

Turno 5 Ministra NLPH

AR 149/2016 en materia del Código Procesal Civil de Jalisco (procedimiento de separación de cónyuges, garantía de audiencia y determinación de la guarda y custodia de los hijos)

ADR 1456/2016 en materia ambiental y de riesgo sanitario


ADR 593/2015 en materia de seguros
EN LISTA


Se verán, además, amparos en materia de usura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo General 21/2015.
EN EL TEMA DE USURA SE RESOLVIERON 4 CT APROBADAS POR MAYORÍA DE 4 VOTOS CON EL VOTO EN CONTRA DEL MIN JRC SOBRE LA COMPETENCIA Y 4 VOTOS EN EL FONDO, CON VOTO EN CONTRA DE LA MIN NLPH.

Acá la lista

Acá la lista con resolutivos

Si sabes de algún otro asunto relevante (de 1S o 2S) que no esté aquí mencionado, por favor, escríbeme a geraldinagvh@googlemail.com






jueves, 18 de agosto de 2016

Marbury vs Madison

El origen del control de constitucionalidad

Criterios de la SCJN sobre interpretación constitucional

*Disclaimer: creo que la balanza está notablemente inclinada hacia la primera sala*

BÁSICAS:
Varios 912/2010 “Radilla”
CT 293/2011 bloque de constitucionalidad y vinculatoriedad de jurisprudencia de la CorIDH
Varios 1396/2011 “Fernández Ortega y Rosendo Cantú”

SOBRE POLÍTICA JUDICIAL DE LA SCJN:
CT 21/2011 cuestión de constitucionalidad para revisión de amparos directos
CT 299/2013 control de constitucionalidad de la jurisprudencia
ADR 5833/2014 (política judicial. importancia y trascendencia para ADR)
ADR 3057/2014 Tribunal Constitucional local no tiene competencia para analizar violaciones a la CPEUM
ADR 3259/2014 sentencias de amparo legitiman la labor del PJF
ADR 1640/2014 el control es solo jurisdiccional
AI 75/2015 las constituciones locales no pueden legislar en material de control de constitucionalidad
CT 111/2013 interés legítimo no solo para colectivos, sino también personal
AR 216/2014 YoContribuyente interés legítimo
AR 323/2014 Mexicanos Primero interés legítimo
AR 152/2014 Discriminación por estigmatización de la norma (autoaplicativas) interés legítimo
ADR 2517/2013 procede la revisión del amparo directo por omisión de control difuso
ADR 4062/2013 la revisión del amparo directo no se condiciona con el control realizado previamente
CT 336/2013 control difuso en el contencioso administrativo
AR 592/2012 no puede realizarse control sobre reformas constitucionales

SOBRE CONTROL
AI 155/2007 (inaplicación norma constitucional. Trabajo a favor de la comunidad)
Sustitución de Jurisprudencia 22/2011 (jerarquía de tratados internacionales)
ADR 1046/2012 (interpretación ex officio y competencia de control de tribunales)
AR 909/2014 (ex officio)
ADR 1083/2014 control de convencionalidad ex officio
ADR 5453/2014 control ex officio no es subsidiario
ADR 4533/2013 integración armóica de fuentes
CT 259/2011 inaplicar normas en control difuso
ADR 48/2013 usar bloque para analizar discriminación
ADR 3200/2012 control ex officio
ADR 1083/2014 control difuso e inaplicación
ADR 4927/2014 diferencia control difuso y control concentrado
AR 134/2012 efectos inaplicación

SOBRE JURISPRUDENCIA
AD 14/2014 (tesis jurisprudencia)
ADR 5601/2014 distinguishing, para aplicación de jurisprudencia.
ADR 2451/2015 obligatoriedad de la jurisprudencia
CT 182/2014 aplicación retroactiva de la jurisprudencia

SOBRE DERECHOS HUMANOS
ADR 1250/2012 (arraigo, restricciones en la Constitución)
AR 151/2011 dogmática límites a los derechos
AR 173/2008 restricciones a los derechos
AI 25/2013 y 31/2013 restricciones. CPP DF
ADR 1131/2012 pro persona y restricciones
AD 8/2012 criterio selección norma aplicable (pro persona)

SOBRE INTERPRETACIÓN CONFORME
AI 157/2007 no procede interpretación conforme con normas penales
ADR 2606/2013 interpretación conforme (la norma tiene dos interpretaciones posibles)
AR 159/2013 naturaleza y alcances de la interpretación conforme a la luz del principio pro persona
AR 173/2012 alcances



Política Judicial en la SCJN

Época: Décima Época
Registro: 2012054
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. CLXXXVIII/2016 (10a.)

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONFIGURACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN CADA ACUERDO GENERAL PLENARIO, REFLEJA EL PAPEL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESEMPEÑAR EN CADA ÉPOCA.

De conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional, para que proceda el recurso de revisión en amparo directo es condición necesaria, más no suficiente, que subsista una genuina cuestión constitucional, ya que, además, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe comprobar que se actualicen las notas de importancia y trascendencia, de conformidad con los acuerdos generales que ésta emita. Ahora bien, debe concluirse que cuando en dichos acuerdos se reglamentan aquellos conceptos, se realiza en el ejercicio de facultades constitucionales de política judicial otorgadas a aquélla para determinar en qué casos se requiere del establecimiento de doctrina jurisprudencial a fin de lograr la progresiva supremacía del texto constitucional en la vida nacional, pues ésa fue la intención de la reforma constitucional de 1999, de permitir que esta Corte se concentrara en la resolución de aquellos asuntos trascendentes para el orden jurídico nacional. De ahí la importancia de explicitar las razones de política judicial que subyacen a los distintos acuerdos generales emitidos por el Tribunal Pleno. Desde 1999, han existido dos de ellos: el primero fue el Acuerdo Plenario Número 5/1999, emitido el 21 de junio de ese mismo año, al inicio de la novena época. La principal preocupación en ese momento fue consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, mediante la depuración de sus competencias en materia de amparo, a fin de especializarse en la resolución de temas propiamente constitucionales y delegar todos los temas de legalidad. Por tanto, la preocupación subyacente fue la de consolidar un cuerpo de doctrina jurisprudencial en materia constitucional que sirviera de base a la función judicial en todo país. De ahí que cualquier tema constitucional no definido jurisprudencialmente, que no adoleciera de algún obstáculo técnico para su resolución en el fondo, regularmente ameritaría admisión. La política judicial era apuntalar la doctrina jurisprudencial sobre cualquier tema constitucional, para concluir el proceso de transformación del órgano en un verdadero tribunal constitucional. Posteriormente, se sucedieron una serie de reformas constitucionales en junio de 2011, mediante las cuales se estableció al corpus iuris de los derechos humanos como centro de protección constitucional y se introdujeron nuevas reglas para el juicio de amparo. Así, con el inicio de la Décima Época, se constató una redimensión cuantitativa y cualitativa del control constitucional: cuantitativamente, se ha constatado una descentralización, pues todos los jueces del país deben aplicar control difuso de constitucionalidad; cualitativamente, el parámetro de control constitucional encuentra una expansión en sus elementos, ya que también se integra con todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debió modificar su política judicial y procedió a emitir el Acuerdo General Número 9/2015. Conforme a éste, ahora lo importante y trascendente no parece ser tanto que ésta resuelva todas las cuestiones constitucionales, sino que sirva de guía en el diálogo interpretativo constitucional a que dieron lugar todos los cambios mencionados; de ahí que en el Punto Segundo de dicho Acuerdo General, se establece que los temas que ameritan procedencia son aquellos que impliquen pronunciamientos "novedosos o de relevancia para el orden jurídico". Se insiste, esto es posible, dado que "importancia y trascendencia" no son elementos normativos de un contenido inequívoco ni permanente en el tiempo, sino conceptos variables en el tiempo.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5833/2014. Fernando Rión Autrique y otros. 28 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Nota: El Acuerdo Número 5/1999, del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, y el Acuerdo General Número 9/2015, de ocho de junio de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, página 927, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2483, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2012055
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. CLXXXIX/2016 (10a.)

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI AL ANALIZAR SU PROCEDENCIA SE ADVIERTE QUE CON LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO NO SE FIJARÁ UN CRITERIO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, DEBE DESECHARSE AUNQUE SE ACTUALICE HIPOTÉTICAMENTE UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL.

De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva que, por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo son inatacables. Sin embargo, por excepción, dichas sentencias serán susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revisión si el tribunal colegiado de circuito se pronunció u omitió hacerlo sobre temas propiamente de constitucionalidad y con su resolución pueda fijarse un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, la constatación de las referidas notas de importancia y trascendencia se realiza dentro de un ejercicio sustantivo de valoración, a través del cual este alto tribunal plasma su política judicial con la finalidad de lograr la supremacía de dicha norma en la vida jurídica del país, reservándose para la resolución de los casos más relevantes para el orden jurídico nacional. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, al revisar la procedencia del recurso de revisión, debe considerarse que el énfasis del análisis se ubica en la constatación de la importancia y trascendencia del planteamiento del caso; por tanto, aunque la existencia de una cuestión constitucional es relevante, siendo ésta una operación técnica en comparación con aquélla, al requerir de la revisión de los conceptos de violación de la demanda original y de la sentencia del tribunal colegiado de circuito desde un punto de vista descriptivo para constatar la naturaleza de los planteamientos evaluados (de legalidad o de constitucionalidad), no debe olvidarse que es un requisito técnico cuyo control debe obviarse si esta Sala verifica que, a pesar de actualizarse hipotéticamente una cuestión constitucional, resultaría carente de importancia y trascendencia, lo que en muchas ocasiones puede detectarse desde luego con la sola apreciación de los temas del caso. Otras veces, por la complejidad y variedad de temas incluidos en un recurso de revisión, la Sala deberá verificar, primeramente, la existencia de la cuestión constitucional, como ejercicio de identificación previo a evaluar su potencial para la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. La centralidad que juegan las notas de importancia y trascendencia en un ejercicio de valoración y apreciación de esta Sala, frente a la constatación técnica de la existencia de una cuestión constitucional -en oposición a la mera existencia de una cuestión de legalidad-, se fundamenta en la determinación del Constituyente de reservar la decisión de la admisión del recurso a un ámbito de política judicial de este Tribunal Constitucional.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5833/2014. Fernando Rión Autrique y otros. 28 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Nota: El Acuerdo General Número 9/2015, de ocho de junio de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2483.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

martes, 16 de agosto de 2016

Asuntos Relevantes en Salas SCJN 17.08.2016

*SI NO SE MENCIONA NADA EN ROJO, QUIERE DECIR QUE EL PROYECTO FUE APROBADO EN LA SALA. 

En la Primera Sala habrá que estar pendientes de:

Turno 1 Ministra Piña

AR 1216/2015 que analiza los derechos de autor, los derechos de personas con discapacidad y su acceso a la cultura para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 148 fr. VIII de la Ley Federal de Derechos de Autor que dice:

“Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: (…) VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad”.

El proyecto realiza un estudio para determinar si la medida adoptada por el legislador en la norma impugnada, con el fin de garantizar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad, encuentra una justificación razonable que resulte acorde con los derechos patrimoniales de los autores.

y propone:

"Por todo lo anterior, se concluye que la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal de Autor, interpretada en el sentido desarrollado en esta sentencia, es decir, considerando que las obras de que se trate deberán de ser adaptadas a formatos accesibles que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad, no afecta los derechos patrimoniales de los autores y artistas en términos del marco constitucional y convencional en la materia."

ADR 3689/2015 que verifica si el robo calificado ejecutado con violencia, establecido en el segundo supuesto del último párrafo del artículo 374 del Código Penal del Estado de Nuevo León, es constitucional. Se analiza el principio de taxatividad en materia penal. 
El proyecto concluye que: "el gobernado no tiene certeza jurídica sobre el parámetro de punibilidad que habrá de considerar el tribunal para sancionarlo, en virtud de que el legislador estatal adicionó en agosto de dos mil once el artículo 374, último párrafo, segunda parte, al Código Penal para el Estado de Nuevo León Penal, y sancionó un mismo supuesto de hecho que es el robo de vehículo con violencia, con dos posibles consecuencias jurídicas."

ADR 1230/2016 que analiza la proporcionalidad de las penas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. (Cita diversos criterios sobre el análisis de proporcionalidad de las penas). 
Los asteriscos en este proyecto no tienen sentido pues ocultan el tipo de delito del cual se analiza la pena, no comprendo eso qué datos personales protege y sí dificulta la comprensión del análisis de constitucionalidad.

El proyecto concluye que "la penalidad de ********** de prisión resulta razonable y atinente a las exigencias de un sistema jurídico como el nuestro en el que conviven diversos códigos sustantivos o leyes generales, emitidas respecto a delitos de mayor entidad, con importantes diferencias en cuanto al sistema de sanciones penales. Lo anterior es así, atendiendo al subsistema formado por la familia de delitos de que se trata y, circunscribiendo el ejercicio a un código penal determinado, o a una Ley General como la que nos ocupa, siempre y cuando establezca un delito."

ADR 4748/2015 en materia fiscal 

Turno 2 Ministro Cossío

ADR 6488/2015 Se analiza si el artículo 2° del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco vulnera el derecho al debido proceso en perjuicio del demandado por admitir la posibilidad de que el juez corrija el nombre de la acción ejercida en un juicio y cuáles agravios deben declarase inoperantes por referirse a temas de legalidad.

ADR 2008/2016 Analiza si fue correcta la determinación del Tribunal Colegiado relativa a que el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no es inconstitucional:

"Artículo 90. No serán registrables como marca: (…) XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, (…)"

El proyecto confirma la interpretación del Colegiado.

Turno 3 Ministro Zaldívar

ADR 6772/2015 en materia fiscal

EN LISTA

ADR 858/2016 en materia fiscal 

Turno 4 Ministro Pardo

ADR 6371/2015  en el que se analizan si durante la detención del quejoso la autoridad se ajustó a los parámetros del uso de la fuerza o incurrió en tortura y si se respetaron los derechos durante la detención. Se citan precedentes sobre tortura, uso de la fuerza pública, flagrancia, información de las razones de la detención y revisión corporal.
El proyecto revoca la sentencia recurrida por no ajustarse a los criterios de la Sala.
EN LISTA

ADR 6383/2015 es igual que el anterior. 
EN LISTA

AR 357/2016 sobre la Ley del Servicio Público de Energía

AR 158/2016 en materia fiscal

** ADR 4841/2014 ** TEMA DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL.
"...se surten los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo en revisión, pues de la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado se advierte que al analizar el concepto de violación en el que el quejoso adujo la violación al artículo 1º de la Constitución Federal realizó una interpretación de dicho precepto constitucional, al precisar el parámetro de control de regularidad constitucional relacionado con la violación de derechos humanos planteada por el quejoso; lo que se hace evidente, debido a que apoyó su estudio en la jurisprudencia sustentada por el propio Tribunal del conocimiento, de rubro: “DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECESARIO EN INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA CONTENIDA EN TRATADO O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DERECHO FUNDAMENTAL RESPECTIVO”La cual, a su vez apoyó en la tesis de jurisprudencia 172/2012 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: “DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

El proyecto propone:
"...las fuentes normativas que dan lugar a los dos parámetros de control son las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Consecuentemente, ambos parámetros de control forman parte del mismo conjunto normativo y, por tanto, integran el aludido parámetro de control de regularidad, de modo que hablar de constitucionalidad o convencionalidad implica hacer referencia al mismo parámetro de regularidad o validez, aunque para efectos meramente didácticos pueda diferenciarse entre el origen de la norma empleada para desarrollar el estudio de validez respectivo...contrario a lo manifestado por el tribunal colegiado de circuito, de acuerdo al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución como en tratados internacionales, se debe acudir a ambas fuentes para determinar el contenido y los alcances del derecho, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
EN LISTA

ADR 2502/2016 se analiza la constitucionalidad de la agravante prevista en el artículo 224, fracción IX del Código Penal para el Distrito Federal, al considerar el quejoso, que es contraria al principio de exacta aplicación de la ley y al principio de culpabilidad.

El proyecto concluye que es conforme con la Constitución. Confirma.

En este proyecto se borran con asteriscos los datos de los precedentes de la propia Sala. 

"Similares consideraciones sostuvo esta Primera Sala al resolver por unanimidad de votos los amparos directos en revisión ********** y **********, resueltos, respectivamente, en sesiones de veintisiete de noviembre de dos mil trece y veintidós de abril de dos mil quince, por unanimidad de cinco votos, bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; y, **********, fallado por unanimidad de cinco votos, en sesión de veinticinco de junio de dos mil catorce, bajo la Ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas."

Turno 5 Ministro Gutiérrez
ADR 6660/2015 sobre la Ley de Contrato de Seguro

ADR 5516/2015 Se analiza la interpretación sobre el alcance de la tortura y la forma en que se consideraría probada. La determinación del Colegiado, dice el proyecto, no sólo no toma en cuenta los diferentes tipos de tortura –física o psicológica–, sino que desconoce por completo que, de conformidad con los estándares constitucionales e internacionales, existe tortura física que puede no dejar ninguna marca física –como podrían ser la asfixia, los toques eléctricos, el colgamiento, la tortura dental, e, incluso, ciertos golpes–.
El proyecto revisa los criterios sobre tortura y concluye revocando la sentencia recurrida.
SE RETIRÓ 

AR 1405/2015 sobre Código de Comercio

ADR 5746/2015 el proyecto analiza si el artículo 642 bis del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Jalisco resulta constitucional a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del numeral 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

"ARTICULO 642 bis. En esta clase de juicio, sólo serán admitidas las excepciones de pago o compensación, remisión o quita, y oferta de no cobrar, si se fundasen en prueba documental."

ADR 5883/2015  El proyecto analiza si: i) no hubo flagrancia en la detención; ii) los captores no le informaron al detenido sobre sus derechos; iii) si quien lo asistió durante su declaración ministerial no acreditó fehacientemente ser licenciado en Derecho; iv) si no se le permitió entrevistarse libremente con su defensor; v) si tampoco se le notificó debidamente el auto que abrió el proceso a prueba; y, vi) si se inobservó el principio de presunción de inocencia.
Cita diversos precedentes (¡que no traen asteriscos!) sobre legalidad de la detención (flagrancia), control de la legalidad de la detención, el derecho a ser informado.
Se revoca la sentencia recurrida.

ADR 1141/2016 en materia fiscal

EN LISTA

ADR 312/2016 que analiza si el artículo 692 Quáter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sobre los agravios en apelación, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del recurrente.

ADR 921/2016 en relación con la interpretación constitucional del derecho de presunción de inocencia, conforme al artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), así como el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta revisión se propone como procedente pues la sentencia de amparo recurrida devino del acatamiento a la previa ejecutoria dictada por esta Primera Sala, el nueve de septiembre de dos mil quince, en el previo amparo directo en revisión 1141/2015, en la cual se ordenó devolver los autos al tribunal colegiado de circuito para que se abocara de nueva cuenta al estudio de la sentencia reclamada en el amparo directo de origen; esto es, que el examen constitucional correspondiente se sostuviera en relación con la interpretación constitucional de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, conforme al artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humano.
Concluye: "a juicio de esta Sala, el tribunal colegiado de circuito del conocimiento sí consideró los lineamientos establecidos por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 1141/2015 y, con base en ellos, realizó el análisis constitucional que correspondía, sin que sea objeto de este recurso el estudio de la idoneidad de las consideraciones de legalidad establecidas en la resolución recurrida, toda vez que, en esta materia, aquel es órgano terminal."

Y estos son todos los asuntos que mañana verá la Primera Sala y que tienen un estudio de constitucionalidad.

Acá la lista completa. En total se verán 76 asuntos. 


*********************
La Segunda Sala verá mañana un par de asuntos que llamaron mi atención: 

Queja 57/2016 de la ponencia del Ministro Medina Mora sobre la designación de un representante para personas con discapacidad en los juicios de amparo. El proyecto propone que lConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es parte de la Constitución, y que cuando dichas personas participen en un juicio, el juez debe ordenar que se les haga un “diagnóstico” para decidir si les designa un representante especial.

Acá una nota sobre ella. 

SE QUEDÓ EN LISTA

AR 104/2015 de la ponencia del Ministro Franco en donde se analiza la constitucionalidad del artículo 24 bis de la Ley General de Educación, así como de los preceptos impugnados contenidos en el acuerdo reclamado y su anexo único, que en su conjunto establecen la prohibición de vender y distribuir ciertos alimentos y bebidas preparados y procesados en instituciones de educación superior, que no acrediten cumplir con los lineamientos establecidos por la secretaría de salud. Se resuelve si la prohibición de mérito constituye una restricción injustificada a la libertad de trabajo y de comercio de la quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Federal, o por el contrario, si se justifica constitucionalmente la limitación de tales libertades en aras de proteger el derecho a la salud de los educandos que se encuentran en instituciones de nivel superior, conforme al mandato contenido en el artículo 4 constitucional.
 
Aquí la lista completa de la 2S.

SE RETURNÓ
  
*SI NO SE MENCIONA NADA EN ROJO, QUIERE DECIR QUE EL PROYECTO FUE APROBADO EN LA SALA. 





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